El ex presidente del Govern, Jaume Matas, continuó hoy desvinculándose de las presuntas irregularidades cometidas en torno a la adjudicación de los distintos contratos de obra durante la construcción del velódromo Palma Arena, al exhibirle el juez numerosos documentos relativos a estas concesiones, lo que está ralentizando el desarrollo de la comparecencia.

Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, durante la declaración ante el magistrado instructor del caso Palma Arena, José Castro, Matas aseguró que no intervino en estas actuaciones y negó las declaraciones efectuadas al respecto por varios de los imputados en el caso.

Así, se mantuvo en la declaración que ya efectuó ayer sobre el sobrecoste de la infraestructura, en la que se desligó de todas las actuaciones administrativas en la construcción, si bien asumió “con todas las consecuencias” su decisión política de llevar a cabo este proyecto que, según recordó, “fue refrendado por el Consell de Govern”.

Tras ser reanudada hoy su deposición, en torno a las 10.30 horas y tras haber cambiado de sala ante la posible presencia de micrófonos en la dependencia, el ex jefe del Ejecutivo negó, asimismo, haber intervenido en la propuesta de derribar un garaje ubicado en el solar del Palma Arena por un total de 100.000 euros.

En su día, el arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, mostró su desacuerdo ante esta propuesta al aducir que el derribo sólo costaba la mitad. Asimismo, a este respecto ya se refirió el pasado mes de agosto una arquitecta, que ante el juez consideró una “locura” presupuestar 100.000 euros para proceder a esta actuación.

Matas continúa siendo interrogado sobre estos contratos, que presuntamente derivaron en el desvío de más de cincuenta millones de euros durante la ejecución de la considerada infraestructura estrella del PP.

Tras ello, está previsto que el encausado, sobre quien recaen un total de nueve delitos castigados con penas de hasta treinta años de cárcel, sea interrogado hoy por las pesquisas llevadas a cabo en torno a la adquisición de la vivienda que posee en el casco antiguo, conocida como palacete, la presunta financiación ilegal del PP y sobre posibles irregularidades en contratos relacionados con IB3 durante la pasada legislatura.

Durante la comparecencia de ayer, el ex jefe del Ejecutivo atribuyó al ex director general de Deportes, José Luis ‘Pepote’ Ballester, la responsabilidad en torno a las decisiones que se adoptaron en el marco de las reuniones de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba económicamente en el consorcio creado para la construcción del velódromo-.

Además, admitió que el medallista olímpico, también encausado en este procedimiento, fue nombrado en este órgano a propuesta suya así como de la ex consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig.

La consellera de Turismo del Govern, Joana Barceló, prevé traspasar a principios del mes de octubre las competencias de ordenación turística, al Consell de Mallorca, el único del archipiélago que aún no gestiona esta área. También en las mismas fechas, la Conselleria espera contar con el texto del reparto la gestión de la promoción, unas funciones que aún no se han transferido a los organismos insulares.

Sin embargo, antes de que eso suceda, se deberá realizar una negociación entre el Ejecutivo autonómico y las islas que adelantó que “no será fácil”, porque habrá que pactar en aspectos como la participación en las grandes ferias turísticas, que Barceló entiende que se debería realizar de forma conjunta, porque “no tendremos recursos económicos suficiente para ir por separada”, advirtió la consellera en su comparecencia de hoy ante la Comisión de Turismo del Parlament.

Así, mientras que la responsable de Turismo del Govern considera necesario ofrecer “una voz” ante los touroperadores internacionales y el sector aéreo, porque “sería positiva la unidad de acción hacia el exterior”, en otros aspectos, como la creación de producto o muchos aspectos de la promoción, se podrían realizar de forma insular y, además, “creemos que se debe transferir”, porque “cada isla debe identificar su identidad”, aseguró.

De modo que “se puede compaginar una transferencia de promoción con un acuerdo para compartir, conjuntamente, estrategias de accesibilidad y lo que hace referencia a la asistencia a grandes ferias”, en una dinámica sobre la que se propone “profundizar más” en los próximos meses. Aunque adelantó que el momento económico actual “no es fácil” y, por lo tanto, es necesario “no multiplicar por cuatro” los gastos del traspaso de las competencias turísticas a los consells.

A lo largo de su comparecencia ante la comisión, que estuvo presidida por la diputada Margalida Mercadal, la consellera consideró un avance importante el haber incorporado los consells a la Mesa de Turismo, de cara al futuro traspaso, que se realizará antes de final de año. Y, según precisó, “la fecha en que nos movemos es la primera quincena de octubre”, en respuesta a un requerimiento del diputado del Grupo Parlamentario Popular Joan Flaquer, que le pidió que se realice “en este último tramo” de la legislatura.

En su intervención, Joana Barceló, precisó también que prepara la creación de un Observatorio del Mercado Turístico de Baleares, dentro del seno de la Conselleria que dirige (CITTIB), y que realizará un seguimiento de la actividad turística. En general, su departamento autonómico experimentará diversos cambios, como que el Inestur y el Ibatur compartan algunos servicios, con el objetivo de optimizar la gestión de ambos.

INSEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, Flaquer incidió en repetidas ocasiones en la “inseguridad jurídica” que se genera desde el Govern con actuaciones como la suspensión cautelar del golf de Son Bosc, o la protección de Ses Fontanelles (Playa de Palma), cuando ya había sendos proyectos de iniciativa privada muy avanzados. Por ese motivo, no dudó en asegurar que “estamos asustando a muchísima gente que querría invertir, porque está sucediendo que se les echan atrás las iniciativas”, precisó el representante de la oposición.

Respecto a la situación del proyecto de la rehabilitación integral de la Playa de Palma, todos los diputados coincidieron en señalar la urgencia de aprobar la ley autonómica que lo posibilite, así como de que cuente con el máximo consenso de la Cámara, y, en respuesta, Barceló indicó que espera llevar a aprobación el texto que está redactando “durante el próximo periodo de sesiones” parlamentarias. Es decir, después del verano.

Por lo que se refiere a la creación de la plataforma logística de distribución turística, que pondrá en marcha el Govern con el apoyo de los clusters empresariales tecnológicos, la consellera situó su coste en “de 12 a 15 millones de euros”, que se destinarán a la creación de una infraestructura que servirá para “ponernos en la punta de lanza de la innovación en materia turística”. Y, en esa línea, prevé adjudicar “este mismo año” el proyecto.

El atún rojo ha perdido definitivamente la batalla en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que durante las dos últimas semanas se ha reunido en Doha (Qatar) para debatir su inclusión o no dentro del listado de especies protegidas por este organismo a nivel internacional. En caso de que se hubiera aprobado su inclusión y, por tanto, la prohibición de su comercio internacional, la zona de desove del atún rojo que existe en aguas al sur de Baleares habría resultado muy beneficiada. Ahora, el único con capacidad para proteger este santuario es el Gobierno español, según informó a Europa Press la responsable de Océanos de Greenpeace, Celia Ojeda.

Ojeda señaló que, si se hubiera incluido el atún rojo en el anexo 1 de CITES, además de otras especies amenazadas que también se votaron, la protección del santuario de Baleares habría quedado reforzada y habría contribuido a evitar que se llegara al colapso total de la especie, que según los ecologistas se producirá de manera inminente si no se actúa pronto.

La inclusión en CITES del atún rojo habría significado la prohibición del comercio internacional de esta especie, de manera que se habría podido vender pero únicamente a nivel interno dentro de cada nación. En España el consumo de este pescado es reducido y el 80 por ciento del que se captura se importa a Japón, indicó Ojeda. Por esta razón, su inclusión en esta lista habría significado una oportunidad para salvar el santuario de Baleares del colapso total.

Ojeda explicó que el Gobierno se niega a prohibir la pesca en este santuario porque se trata de una zona de aguas internacionales que afecta a diferentes países como España, Italia, Malta o Grecia, y que no ven razón para “ser los primeros en dar el paso” ya que, en caso se acceder, el resto de países seguirían teniendo capacidad para pescar en su territorio. No obstante, Greenpeace critica que España “no quiera ser la primera en dar este paso” y lidere la protección de la especie en el Mediterráneo.

La ecologista aseguró que ahora “el único” con capacidad para proteger este santuario es el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que tiene potestad para ello según una normativa europea de regulación del Mediterráneo que “obliga a los estados miembros de la Unión Europea a declarar zonas protegidas de pesca y reservas marinas” dentro de su territorio nacional “para proteger la pesquería y dar prioridad a las zonas de desove de especies en protección”.

La activista aseguró que España “va con retraso” en este asunto y que, si no se actúa de manera inminente, la situación de la especie en esta zona habrá llegado a un punto de no retorno en el que ya no será posible su recuperación debido a que probablemente ya no quedarán individuos reproductores.

APOYO DEL GOVERN AL SANTUARIO

El Govern balear aprobó este mes instar al Gobierno central a que declare la protección de esta zona de protección ecológica. Se trata de un área que abarca unos 50.000 kilómetros cuadrados de forma poligonal, cuyos vértices están en la isla del Aire (Menorca), Cabrera, Mola y Cabo de Berberia (Formentera), las Islas Bledes (Ibiza) y setenta millas al sur de estos puntos.

A pesar de la petición de la comunidad de Baleares y de la propia ciudadanía, lamentó Ojeda, el Ministerio mantiene su postura de “no querer dar el primer paso”, incluso habiendo estudios del Instituto Español de Oceanografía que apoyan la declaración del santuario. En caso de que se declarase su protección, sería “la primera ley internacional de protección de aguas profundas, las cuales gozan de una gran riqueza natural y diversidad biológica”, apostilló Ojeda, quien concluyó que “la pelota está en el tejado del Gobierno español”.

El presidente del PP de Baleares, José Ramón Bauzá, anunció hoy que ya tiene “cerrada y definida” la que será la nueva Ejecutiva del partido tras su elección como líder de la formación en el Congreso celebrado el pasado 6 de marzo, e indicó que ésta será presentada de forma oficial, previsiblemente, el próximo martes, y no mañana viernes, tal y como se preveía.

En rueda de prensa, tras regresar de un viaje oficial a Argentina, en relación a si el otro candidato aspirante al Congreso y alcalde de Calvià, Carlos Delgado, tendrá un puesto en la Ejecutiva, Bauzá indicó que en su “proyecto de futuro” hay sitio para todas las personas que tengan ilusión.

Asimismo, señaló que ha “avanzado muchísimo” tanto con Delgado como con “otros miembros”. Bauzá afirmó que este retraso en la presentación oficial se debe a su voluntad de que también estén presentes los ‘populares’ de Eivissa y Menorca, algo que se posibilitará realizándola la próxima semana.

VISITA A ARGENTINA

Por otra parte, el presidente informó sobre su participación en el IV Congreso del PP de Argentina, donde compartió “momentos intensos y muy positivos”, por lo que consideró que la formación “sale al exterior con más potencia”.

Asimismo, detalló que visitó la Casa Balear de Buenos Aires, desde donde dijo volver con “impresionado por la energía y sentimientos” que tenían de las islas, a pesar de que algunos de ellos no habían nacido en Baleares, puesto que “sienten sus raíces mucho más de lo que las sentimos algunos que vivimos aquí”, opinó.

El ‘popular’ también narró su asistencia a las instalaciones de la Escuela Integral de Educación, infraestructura que, “gracias a las ayudas del anterior Govern”, ha permitido que sean solventadas las deficiencias auditivas de varios niños.

Bauzá consideró que la visita fue de “absoluto provecho” puesto que han sido tres días “intensos de colaboración” en los que mostró su compromiso a estar “al lado de nuestros vecinos que vive el sentimiento balear”.

El ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, insistió hoy en que es “imposible” que se pudieran “infringir” los códigos de control por parte de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma durante la gestión realizada en la construcción del velódromo Palma Arena, durante la cual presuntamente se desviaron más de 50 millones de euros.

Así lo informaron a Europa Press fuentes jurídicas, que señalaron que durante la declaración de tres horas ante el juez José Castro y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, Matas reiteró que sólo asume la “decisión política” de construir el velódromo, si bien negó de forma reiterada haber intervenido en la gestión administrativa de este proyecto, aprobado por el Consell de Govern durante la pasada legislatura.

Precisamente, el ex presidente ya manifestó ayer a lo largo de sus seis primeras horas de su interrogatorio que asume con “todas las consecuencias” su responsabilidad política a la hora de impulsar la construcción del velódromo, si bien puntualizó que no tuvo “ninguna intervención” en las actuaciones administrativas, de forma que se fiaba de los “controles” de los servicios jurídicos del Ejecutivo balear, que eran los encargados de “fiscalizar y garantizar la legalidad” de la gestión en la construcción de esta infraestructura.

De este modo, las citadas fuentes apuntaron que la declaración de Matas durante el día de hoy ha sido “muy aburrida”, dado que de una vez tras otra el juez le exhibía numerosos contratos y declaraciones de imputados y testigos que han comparecido ante el magistrado, ante los que el ex dirigente ha negado de, forma reiterada, cualquier tipo de responsabilidad.

Así, incluso algunas defensas personadas en el caso llegaron a afirmar que Matas se dedicó en algunos momentos a hacer un “mitin político”, al subrayar su “decisión política” de impulsar el velódromo y eludir cualquier intervención en su gestión administrativa. En este sentido, recalcó que él era el jefe del Ejecutivo, pero que no se podía encargar de todo, hasta el punto que señaló que “el presidente no estaba para estas cosas”.

DESCONOCÍA NIMBUS, PERO NO A SU DIRECTOR

Respecto a la empresa de comunicación Nimbus, Matas remarcó que desconocía totalmente esta agencia durante la pasada legislatura, a pesar de que se encargó de gestionar parte de la campaña electoral del PP en los comicios autonómicos de 2007. No obstante, admitió que sí que conocía a su director, Miquel Romero, también imputado en el caso Palma Arena.

Tras el receso iniciado pasadas las 13.30 horas, Matas continuará declarando a las 17.00 horas de esta tarde en la que comenzarán a interrogarle sobre la adquisición, las obras de reforma y el equipamiento de su vivienda en Palma, conocida como Palacete, donde también se podría haber cometido algún tipo de irregularidad, ya que parte de estos trabajos se podrían haber pagado con dinero negro.

Asimismo, está previsto que le pregunten sobre la presunta financiación irregular del PP y contratos suscritos en relación a la radio y televisión públicas de Baleares, IB3.

La jornada de hoy comenzó con polémica, después de que el juez Castro ordenara el cambio de sala en la que se está llevando a cabo el interrogatorio del ex presidente de Baleares, aceptando así la propuesta que le hizo el abogado de Matas, Rafael Perera, quien sospecha de la existencia de micrófonos distribuidos en la habitación, lo que explicaría la publicación hoy en la prensa de parte de las declaraciones que se produjeron ayer, sobre todo, de las conversaciones telefónicas que fueron pinchadas por orden judicial.

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, defendió hoy la legalidad de los pagos que percibió del bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales cuando abandonó la política, al aseverar que las cantidades que percibió en 2007 y que ascenderían a unos 31.000 euros, fueron en concepto de trabajos que realizó para este despacho, gabinete que previamente había sido contratado en la pasada legislatura por el Ejecutivo de Matas.

Durante el interrogatorio de esta tarde, que arrancó a las 17.00 horas, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, se interesó por estos pagos presuntamente irregulares y que según las pesquisas llevadas a cabo, recibió Matas en su cuenta bancaria y llamó la atención de los investigadores por no aparecer el concepto por el que habían sido abonados y porque no se le conocen al ex presidente conocimientos jurídicos que justifiquen la elevada cuantía.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, Matas justificó estos pagos enumerando los trabajos que había llevado a cabo para el bufete, al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en torno al informe que fue encargado por el Govern al despacho por unos 29.000 euros para la implantación de la Radiotelevisió balear IB3, y que fue adjudicado mediante un proceso negociado sin publicidad ya que no superaba los 30.000 euros.

Mientras tanto, también fue preguntado por la contratación del periodista Antonio Alemany, imputado en la pieza separada del caso por una presunta financiación irregular del PP, y al respecto recordó que era la persona encargada de elaborar sus discursos por ser “absolutamente válida”, aunque se desvinculó de los pagos que percibió el articulista por estos trabajos.

El Juez de Instrucción número 12 de Palma, Francisco José Pérez, ha sobreseído la pieza 68 del caso Andratx, que era la única en la que estaba imputado el ex diputado de UM y ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, y en la que se investigaba una recalificación de solares del citado municipio, en cuya tramitación intervino la comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, de la que Vicens formaba parte.

Así lo informaron a Europa Press fuentes jurídicas, que recordaron que Vicens fue interrogado por esta causa el pasado 16 de febrero, día en el que defendió ante el juez que cuando el ex jefe de Costas de Baleares, Antoni Garau, interpuso una alegación contra el Plan Territorial de Mallorca (PTM) para pedir que unos solares de su propiedad fuesen calificados como urbanos, aceptó este recurso porque estaba “bien fundamentado y contaba con garantías jurídicas”.

Durante su comparecencia, el encausado, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, justificó de este modo por qué, como miembro de la Comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca, que estimó la alegación presentada por Garau, aceptó este recurso pese a que en la aprobación inicial del PTM se dibujaban las tres parcelas del ex jefe de Costas, situadas en Cala Llamp, como rústicas protegidas.

Tal y como remarcó, las alegaciones presentadas por este propietario durante la fase de exposición pública del Plan Territorial estaban “formalmente bastante documentadas”. Sin embargo, aseveró que fue la Comisión de Urbanismo la que impuso al Ayuntamiento de Andratx la protección de los solares “desde el primer momento”, mientras que “quien pretendía su calificación como urbano era la representación del Consistorio”, concretamente el ex alcalde Eugenio Hidalgo.

De este modo, el magistrado ha archivado una de las 74 piezas en las que está dividido el caso Andratx, cuyo principal encausado, el ex alcalde de este municipio Eugenio Hidalgo, se encuentra en prisión desde el pasado 28 de diciembre cumpliendo la condena de cuatro años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial en mayo de 2008, por la construcción de una vivienda en un área rural de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.

Junto a Hidalgo, y por la misma pieza separada, también ingresó en el centro penitenciario de Palma el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, condenado a tres y medio de cárcel.

UN CASO DE CORRUPCIÓN MENOS PARA VICENS

Con el sobreseimiento de la pieza 68 del caso Andratx, Vicens deja de estar imputado en uno de los cinco procedimientos de presunta corrupción en los que el ex parlamentario uemita se encuentra encausado.

Concretamente, Vicens también está imputado en la pieza separada del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje; en el núcleo principal de la causa que investiga el presunto cobro de comisiones en torno a la recalificación del polígono palmesano; el caso Can Domenge, en torno a la supuesta malversación de caudales públicos durante la venta de estos terrenos por parte del Consell por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado, y en el que investiga la supuesta trama de corrupción urdida a través del Plan Territorial.

Asimismo, el pasado mes 22 de diciembre, un día después de abandonar su escaño en el Parlament, eludió ingresar en prisión de forma preventiva tras abonar dos fianzas de 100.000 euros, después de que el juez decretase prisión bajo fianza por dos casos: una pieza separada del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje, y otra pieza separada del caso Son Oms.

En relación a este último caso, el juez consideró probado que mientras ostentaba el cargo de conseller insular en la pasada legislatura ordenó el pago de 12.020 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.

La comparecencia del ex presidente del Govern, Jaume Matas, en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, finalizó en torno a las 23.30 horas tras más de doce horas de interrogatorio, durante las cuales se ha desvinculado de forma continua de la gestión administrativa y de los contratos rubricados durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos. Parte de este desfase, según las investigaciones, pudo servir para engrosar el patrimonio de Matas y financiar de forma irregular al PP.

Tras la declaración, este viernes se celebrará una vistilla en la que Fiscalía sólo solicitará medidas cautelares contra él así como su cuñado y ex tesorero del PP, Fernando Areal, a partir de las 10.00 horas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La declaración del ex ministro de Medio Ambiente, a quien se le imputan nueve delitos castigados con penas de hasta treinta años de prisión, transcurrió de forma lenta debido a que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 le exhibió de forma constante contratos y actas relativos a la ejecución de las obras, tema que centró la mayor parte de la deposición. Sin embargo, el encausado, asistido por los letrados Rafael Perera y Manuel Ollé, aseguró que “no tuvo ninguna intervención” en las actuaciones administrativas y apuntó al respecto que se fiaba de los “controles” de los servicios jurídicos del Ejecutivo balear, que eran los encargados de “fiscalizar y garantizar la legalidad” de la gestión en la construcción de esta infraestructura.

“Yo no estaba para esas cosas”, incidió en varias ocasiones el ex presidente, asumiendo “con todas las consecuencias” su decisión política de llevar a cabo este proyecto. Unas afirmaciones constantes que llevaron a algunas defensas a considerar que su declaración, desarrollada entre ayer y hoy, “se ha parecido más a un mitin político”. El inculpado se desligó además de los contratos de obra adjudicados durante la construcción (2005-2007) y en este contexto atribuyó al ex director general de Deportes, José Luis ‘Pepote’ Ballester, la responsabilidad en torno a las decisiones que se adoptaron en el marco de las reuniones de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba económicamente en el consorcio creado para la construcción del velódromo-.

Además, admitió que el medallista olímpico, quien en la actualidad padece una grave enfermedad y también se encuentra encausado en este procedimiento, fue nombrado en este órgano a propuesta suya así como de la ex consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig.

Por otro lado, el ex presidente defendió la legalidad de los pagos que percibió del bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales cuando abandonó la política, y que también están siendo investigados en el marco de esta causa, al aseverar que las cantidades que percibió en 2007 y que ascenderían a unos 31.000 euros fueron en concepto de trabajos que realizó para este despacho, gabinete que previamente había sido contratado en la pasada legislatura por el Ejecutivo de Matas.

Durante el interrogatorio, el juez se interesó por estos pagos presuntamente irregulares y que según las pesquisas llevadas a cabo, recibió Matas en su cuenta bancaria y llamó la atención de los investigadores por no aparecer el concepto por el que habían sido abonados y porque no se le conocen al ex presidente conocimientos jurídicos que justifiquen la elevada cuantía.

Mientras tanto, también fue preguntado por la contratación del periodista Antonio Alemany, imputado en la pieza separada del caso por una presunta financiación irregular del PP, y al respecto recordó que era la persona encargada de elaborar sus discursos por tratarse de un profesional “absolutamente válido” para su asesoramiento de imagen. “Una cosa es escribir noticias y otra discursos, y él los hacía muy bien”, subrayó el imputado.

Sin embargo, se desvinculó de cualquier tipo de irregularidad respecto al expediente de contratación del periodista y aseguró desconocer de qué modo se llevó a cabo, pese a que de acuerdo a las indagaciones realizadas se efectuó a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada.

Se da la circunstancia de que una vez reanudado esta mañana el interrogatorio, el juez José Castro ordenó el cambio de sala en la que se estaba llevando a cabo el interrogatorio, al aceptar la propuesta que le hizo el abogado Rafael Perera, quien sospechaba de la existencia de micrófonos distribuidos en la habitación, lo que explicaría la publicación hoy en la prensa de parte de las declaraciones que se produjeron ayer, sobre todo, de las conversaciones telefónicas que fueron pinchadas por orden judicial.

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, admitió este jueves que recomendó firmar el convenio suscrito por el Govern en 2005 con el Instituto Nóos, entidad dedicada al patrocinio y mecenazgo que estaba entonces presidida por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. El acuerdo fue presupuestado en 1,2 millones de euros y de acuerdo a las investigaciones este gasto no ha sido acreditado.

“Recomendé el convenio y lo volvería a hacer”, recalcó el ex jefe del Ejecutivo durante el interrogatorio de esta tarde, que se prolongó por espacio de más de seis horas en las que, según señalaron a Europa Press varios de los abogados presentes en la vista, mostró un aspecto decaído aunque en la recta final “resucitó” su ánimo.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en torno al acuerdo con Nóos, el gasto que en su día se presupuestó no ha sido acreditado, un total de 1,2 millones de euros que el Ejecutivo autonómico abonó a la entidad para la celebración de un Foro sobre Turismo y Deporte y que duró apenas tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-.

El ex-presidente del Govern, Jaume Matas, reconoció este jueves que pagó en negro parte de los 400.000 euros que gastó en la reforma de su vivienda de Palma, conocida como el Palacete, entre 2003 y 2007 y que, según subrayó, los abonó “en efectivo”, gracias al traspaso de un local de su madre y al alquiler de otro establecimiento que era propiedad de su esposa, Maite Areal.

Así lo informaron a Europa Press fuentes jurídicas, que señalaron que Matas mostró ante el juez José Castro y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau un informe jurídico en el que “justificó” el gasto de los citados 400.000 euros, de forma que detalló que 100.000 euros los abonó a través del traspaso de un local, propiedad de su madre, mientras que el resto los fue pagando, gracias a los 3.000 euros mensuales que cobraba de alquiler de otro local, ubicado en la calle Sant Miquel de Palma, propiedad de su esposa, Maite Areal.

No obstante, el ex-presidente reconoció que sólo declaraba 1.500 de los 3.000 euros que percibía cada mes a través del alquiler del citado local, de forma que el resto lo cobraba en negro y, por tanto, sin declarar a Hacienda. Respecto al coste del Palacete, que se fijó en 950.000 euros, detalló que la tasación de esta vivienda no la hizo ninguna empresa privada, sino el arquitecto que se la vendió y que era el propietario de la misma, Giuseppe Violante.

Las citadas fuentes señalaron que pese a que, en un principio, Matas estaba decaído durante su declaración, al final, recuperó el ánimo al mostrar al juez y a los magistrados el citado informe económico en el que “pudo demostrar que los gastos que efectuó en el Palacete se correspondían con sus ingresos”, negando así que haya obtenido dinero a través del desvío de fondos a través de la construcción del velódromo Palma Arena.

Este viernes se celebrará una vistilla a partir de las 10.00 horas en la que los fiscales Anticorrupción solicitarán medidas cautelares contra Matas y su cuñado, Fernando Areal, mientras que, por el contrario, su esposa, Maite Areal, y el ex-presidente de Gesa, Bartomeu Reus, no están obligados a acudir, debido a que la Fiscalía no pedirá ninguna medida contra ellos. La vistilla se podría retrasar hasta las 10.30 horas, debido a que Areal se encuentra en Madrid y debe trasladarse a Palma en avión.